El conflicto armado colombiano se intensificó en 2017 en algunas zonas del país pese a la firma del acuerdo de paz con las FARC por la acción de otros grupos ilegales, según se desprende del informe de Amnistía Internacional (AI) 2017-2018.

"A pesar de la firma del acuerdo de paz, el conflicto armado se intensificó en algunas zonas de Colombia como consecuencia de las enfrentamientos armados entre guerrilleros del ELN, grupos paramilitares y fuerzas del Estado que trataban de llenar el vacío de poder provocado por al desmovilización de las FARC", reza el informe de AI.

Específicamente, se menciona los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander, donde en 2017 persistían los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos.

Entre esas violaciones mencionan homicidios selectivos de afrodescendientes e indígenas, desplazamientos forzados colectivos, confinamientos forzados de comunidades en sus territorios, reclutamiento forzado de menores, violencia sexual e instalación de minas antipersona.

En su reporte, AI desgrana varios casos como la muerte de trece personas en un combate entre disidentes de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Nariño (suroeste) o la presencia de grupos herederos del paramilitarismo en la comunidad de paz de San José de Apartadó, en Antioquia (noroeste).

Acerca de las minas antipersona, AI asegura que la abundancia de estas sigue siendo "un peligro" para indígenas y afrodescendientes en el Chocó (oeste).

Sobre el ELN, también dice que los enfrentamientos con los grupos herederos del paramilitarismo, el mayor de los cuales es el denominado Clan del Golfo, así como con la fuerza pública pusieron "en grave peligro" a indígenas y afrodescendientes.

También recuerda el secuestro de dos periodistas holandeses en El Tarra, departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela).

Además, el informe se refiere a la "impunidad por los crímenes cometidos" por la desarmada guerrilla de las FARC en medio del conflicto armado.

Recuerda que las víctimas "exigían garantías" de acceso a la justicia, así del derecho a la verdad, a la reparación y a la no repetición.

A la fecha, "no se habían satisfecho esas demandas y la viabilidad a largo del acuerdo de paz se veía amenazada porque no se habían llevado ante la justicia a quienes habían perpetrado crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, de lesa humanidad y abusos contra los derechos humanos".

Amnistía Internacional también recoge que las fuerzas de seguridad hicieron "un uso excesivo de la fuerza" que en ocasiones causó la muerte de civiles.

Especialmente, recuerdan el caso de siete campesinos cocaleros (AI dice que nueve) que murieron en medio de una protesta en Tandil, un remoto punto de Tumaco, municipio de Nariño y localidad con más hectáreas de coca sembradas de toda Colombia.

Finalmente, subraya que los defensores de derechos humanos siguen siendo "víctimas de amenazas y homicidios".

EFE