El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, manifiestó su profunda preocupación por las constantes violaciones de los derechos humanos a las que se encuentran expuestos los líderes sociales y defensores de derechos humanos y tras el homicidio en la última semana de  Fabián Antonio Rivera Arroyave, Ruth Alicia López Guisao y Éder Cuetia Conda.

La Defensoría del Pueblo, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017, ha registrado al menos 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones.

Las víctimas son líderes sociales y defensores de derechos humanos de los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Según Negret Mosquera, el retiro de las Farc de las zonas donde antes ejercían control ha posibilitado el ingreso de nuevos actores armados que se disputan el dominio territorial y económico. Lo anterior ha impactado especialmente a organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz, quienes se encuentran expuestas a estigmatizaciones y señalamientos constantes con ocasión de su labor.

La información de la Defensoría revela que estas violaciones a los derechos humanos son generalizadas al tener un número significativo de víctimas, pertenecientes a grupos de características semejantes, y sucedidas en un mismo periodo y espacio geográfico.

El Defensor del Pueblo hace un llamado a las autoridades y la sociedad en general a tomar acciones urgentes para blindar moralmente y proteger a las posibles víctimas, organizaciones y movimientos sociales. Especialmente requiere a la Fiscalía General de la Nación para que estas investigaciones sean asumidas por la Unidad Especial de Investigación creada por el Acuerdo Final de Paz. Así mismo a que se fortalezcan las labores de inteligencia que permitan desmantelar los grupos armados que violan los derechos humanos de esta población.

La Defensoría del Pueblo entregará en los próximos días a las autoridades un Informe Especial de Riesgo donde se detallan las condiciones de tiempo, modo y lugar en que han venido ocurriendo estos hechos para que se adopten las correspondientes medidas de protección y prevención urgente.

El Defensor recuerda que estos hechos además de atentar contra la vida e integridad de este grupo poblacional son una violación directa al derecho a pensar y opinar libremente, participar en asuntos públicos y defender los derechos humanos.