Lo que parecía ser una ‘luz al final del túnel’ con la entrada de los operadores Air-e y Afinia frente al problema sempiterno del mal servicio y las altas tarifas de la energía eléctrica para los usuarios en el Caribe colombiano; terminó convertido en una crisis mayor, pues el disparo en el cobro de los recibos, lesionó gravemente la economía de los hogares.

El próximo primero de octubre se cumplen dos años de que estas dos empresas asumieran el mercado de energía para 2,72 millones de usuarios costeños, en reemplazo de la cuestionada Electricaribe.

Eduarda Madera Cerpa, nacida en Majagual (Sucre) y residenciada en Piojó, Atlántico, está convencida de que ese cambio de operadores, “resultó peor el remedio que la enfermedad”.

Esta emprendedora que el próximo 15 de octubre cumplirá 57 años, es una de las que confía en que el Gobierno Nacional y la Creg cumplan con la disminución de las tarifas a partir de noviembre próximo, como lo anunció hace dos semanas la Ministra de Minas, Irene Vélez.

En diálogo con Zona Cero contó que antes de que Air-e asumiera el manejo del servicio en el Atlántico, la factura promedio que ella pagaba era de 55.000 pesos.

“Yo vivo con mi hija Mildred Matute y mi nieto Joan Sebastián, todos pasamos medio tiempo en casa por el trabajo, entonces, cómo va a ser eso de que todos los meses sube ese recibo, y ahora, el último de septiembre, nos toque pagar 150 mil pesos. No hay derecho”, asegura.

Los tres viven en la carrera 8 #12-85, barrio Chambacú, y solo cuentan con una nevera y una lavadora pequeñas y dos ventiladores.

Con Electricaribe llegó a pagar hasta 55.000, pero con Air-e ahora son 150.000. “Me están cobrando un estimado porque no tengo contador. Air-e no lo ha puesto porque no hay cableado. Las veces que me he quejado me dicen que promedian, pero ni adivinos que fueran para saber cuánto gastamos en la casa”, asegura.

Eduarda dice que otro problema que tiene es que le siguen cobrando una deuda con Electricaribe equivalente a dos meses, pero a pesar de que ella ha mostrado los soportes de los pagos que su hija hizo en línea durante la pandemia, tampoco le han dado solución.

Esta sucreña, que vive de su emprendimiento de productos elaborados a base de millo, dice que lo que más gastan es gas natural, servicio que además de “eficiente es económico”, como afirma.

En el vecino Departamento del Magdalena, el problema es igual de grave para los usuarios de Air-e, asegura Juan Alberto Padilla, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Francisco de Santa Marta.

Este dirigente comunal, que además dirige el noticiero Perla Caribe Radio que se emite por Facebook, asegura que a diario recibe decenas de quejas por el mal servicio, de las tarifas exageradas y de la deuda de Electricaribe que les siguen cobrando a los clientes.

Padilla lidera una reclamación “justa, tranquila y sosegada” programada para este 30 de septiembre desde las 7 a.m. en puntos estratégicos de Santa Marta y el municipio de Ciénaga.

Asegura que el daño “emocional y económico” que Air-e ha ocasionado entre sus clientes lo ha analizado con directivos de la empresa. Ayer domingo se reunió con la alcaldesa Virna Johnson y el comandante operativo de la Policía, coronel Carlos Ardila.

“El contrato de cesión no existe, por lo tanto, Air-e no puede cobrar la deuda de Electricaribe, y lo está haciendo. Por eso y por las tarifas altas, vamos a bloquear las vías este 30”, asegura.

Con Electricaribe pagaba un promedio mensual de hasta $90.000 que luego se subió a $120.000 y $150.000 pesos, cifra que escaló hasta $480.000.

“Yo permanezco más en la calle que en la casa, vivo solo, tengo el mismo consumo. Salgo bien temprano, regreso al mediodía, salgo a las 2 y retorno después de 6 de la tarde. ¿Qué consumo me están cobrando, entonces?”, pregunta molesto este usuario de estrato 3.

Del anuncio del Gobierno Nacional sobre disminución de tarifas aún tiene dudas porque no han explicado cómo será el modelo y qué porcentaje bajará.

“Esta es una herencia del Presidente Duque que me decepcionó. Este problema es una olla a presión”, añade.

En Montería, Zona Cero contactó al pensionado Roberto Grandett Agámez, residente en el barrio La Pradera.

Grandett, que por 32 años fue empleado del sector bancario y es usuario en estrato 2, cuenta que las tarifas exageradas de la operadora Afinia es un tema de conversación diaria con los vecinos.

En mi caso –explica- en diciembre pasado pagué 120.000 pesos, y ahora en septiembre, ya va por 190.000. Me parece un atropello porque solo vivo con mi esposa Aleida Durán, que es docente de medio tiempo y no pasa en casa.

“Tenemos una lavadora, dos abanicos, un televisor, 4 bombillos y un equipo de sonido que hace tres meses no prendía porque han muerto tres vecinos. Por eso acá en Montería decimos que esta crisis solo cambió de nombre”, sostiene.

Además, los usuarios de su barrio se quejan por el permanente acoso de cuadrillas para suspenderles el servicio y de asesoras que los buscan para acuerdos de pago.

“Montería es una de las ciudades más caras del país, acá no hay trabajo, hay mucho mototaxismo, que es el rebusque. Esto es un atropello”, sostiene.

De la disminución de tarifas dice que hay que esperar. “Aunque por lo que escuché, serán “paños de agua tibia". Yo desearía que se acabe la Creg”, afirma.

Un vecino, Carlos Arturo Olivero Vergara, que nació hace 85 años en el Municipio de Chinú, también se une a la molestia con Afinia.

“Vivo con mi esposa Carmen Alicia Salcedo Salgado, ella es modista. No tenemos aire, apenas una nevera y tres ventiladores sencillos y me cobran 150.000, esto es un atraco. Ya no planchamos la ropa y apagamos la nevera en las noches, pero nada que baja. Nos están dejando en la ruina porque nos están quitando la comida de la boca con esas tarifas”.

Desde Sincé, en el departamento de Sucre, el docente de lengua castellana Carlos Olivero Buelvas, dice que desde que Afinia asumió la operación el bolsillo de los usuarios ha sufrido un duro golpe.

Con recibo en mano, dijo que el promedio mensual era entre 80.000 y 90.000 pesos, pero que de octubre pasado hacia acá se ha incrementado de manera sustancial hasta 130.000 pesos.

“En la casa vivimos cinco personas. Tenemos una nevera, tres ventiladores y el televisor que no se prende mucho porque los niños estudian. Solo lo usamos a la hora de los noticieros, de resto, permanece apagado”, añade.

Olivero, usuario de estrato 3 y quien reside en la carrera 9 #9-57 barrio Palacio, cuenta que optó por apagar los bombillos y los ventiladores cuando no sean necesarios para disminuir el promedio, pero que todo ha sido infructuoso.

Yissel María Fonseca Amaya, bacterióloga guajira residente en el barrio José Arnoldo Marín, de Riohacha, ha tenido que hacer lo mismo que Olivero en Sincé: apagar los electrodomésticos al máximo para ahorrarse unos pesos.

Dice que lo máximo que pagó con Electricaribe fueron 94.000 pesos, pero con la nueva empresa, la última factura le llegó en $509.200.

“Es un servicio pésimo porque lo quitan los fines de semana, y encima caro. Lo peor es que si nos quejamos, vienen a revisar y al mes siguiente viene más caro”.

Esta profesional que vive en estrato 2, contó que por esos cortes no programados, hace dos meses se le dañaron varios electrodomésticos, pero la empresa no respondió. “La quitaron todo el día, y cuando llegó, subió el voltaje y quemó un equipo de sonido, una grabadora y una licuadora. ¿Sabe qué me respondieron? Que mostrara las facturas de compra que por supuesto no tenemos porque los electrodomésticos tenían dos años de uso. Siempre llevamos las de perder”.

Finalmente, confía en que el compromiso del Gobierno Nacional y la Creg se haga realidad. "Son muchos abusos contra los usuarios que no tenemos calidad de vida porque buena parte de nuestros ingresos se van para pagar esa factura cara".