¿Una empresa con cinco gerentes en 21 meses puede tener una perspectiva de futuro positiva? La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en el presente de Air-e, la empresa que presta el servicio de energía en Atlántico, La Guajira y el centro y norte del Magdalena y que, según el Presidente Gustavo Petro, será liquidada por el "bloqueo" a las soluciones.

Una decisión que ha caído como un balde de agua fría no solo para los 1,3 millones de usuarios, sino también para los acreedores de la compañía que empezó operar en 2020 en reemplazo de la fallida Electricaribe. 

Desde Andeg se advirtió que la decisión de Petro es “irresponsable e ilegal”, mientras que el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, sostuvo que la intervención fue un fracaso, pero que liquidar la compañía cuando inició un fenómeno de El Niño es “imprudente”. 

“Estamos en presencia del fenómeno de El Niño, uno denso y duradero. En esta circunstancias, anunciar la liquidación Air-e es imprudente, ya que daría lugar a un efecto suspensivo con las obligaciones que tiene Air-e con las generadoras”, dijo Acosta.

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Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, recordó que la deuda de Air-e es de 2,5 billones de pesos, de los cuales 1,7 billones corresponde a las generadoras térmicas, las empresas llamadas a garantizar el servicio durante El Niño.

Según ambos expertos, la liquidación solo hace más probable el “apagón financiero” y, por ende, la suspensión de la prestación del servicio de energía.

La historia de la intervención

El 10 de septiembre de 2024 el abogado Jaime Lombana, representante jurídico de Air-e en ese entonces, lanzó un SOS al Gobierno porque la empresa “no aguantaba más de 4 o 5 días”. 

Ante esta situación crítica, el Gobierno nacional, que debe velar porque un servicio esencial como la energía sea prestado con calidad, eficiencia y continuidad, decidió intervenir a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. 

Air-e exigía una inyección económica para completar las inversiones necesarias y sobre todo para resolver su principal problema en ese momento: la insolvencia, por eso la intervención fue para su administración, no para su liquidación.  

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Air-e, que recientemente también había sufrido un jaqueo en su plataforma de pagos, tuvo dos caras desde la intervención: un costo menor para el usuario en gran parte por el cambio de la fórmula de la tarifa producto de la Acción popular que instauraron los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, pero una deuda que no paraba de crecer.

Ese crecimiento iba de la mano con el desfile de interventores y de superintendentes.

La intervención comenzó con un saliente Dagoberto Quiroga en la Superservicios y Carlos Diago como primer agente interventor, pero este último solo estuvo 43 días en el cargo. 

Libardo Yanod Márquez, cercano a Petro, decidió que Edwin Palma, exviceministro del Ministerio de Trabajo, asumiera la responsabilidad de salvar a Air-e de la catástrofe. 

Palma estuvo cuatro meses al frente de Air-e y fue convocado por Petro para que se hiciera cargo del Ministerio de Minas y Energía, cartera que tiene gran responsabilidad en el fracaso de Air-e

Palma había conseguido el apoyo del gobernador Eduardo Verano en su etapa en la compañía, había asegurado energía para 2025 y había dado más relevancia a los sindicatos. No obstante, también dejó algunos contratos cuestionados que en este momento están siendo investigados por los órganos de control. 

Con Edwin Palma afuera, Diana Bustamante fue la interventora de Air-e, pero en solo tres meses se despidió por decisión de la Superintendencia de Servicios, que dejó al frente de la empresa de servicios públicos a Néstor Javier Vásquez Torres, un interventor al que prácticamente ni se le conoció la voz.

De lo poco que se conoció de Torres fue una imputación que preparó la Fiscalía contra él y Bustamante como presunto responsable del delito de fraude a resolución judicial. 

Nelson Vásquez renunció al cargo en enero, pero solo el 15 de mayo se conoció que el abogado Jaime Mesa Buitrago tomaba las riendas de Air-e.

Buitrago fue secretario general de Air-e en 2025, por lo que tiene conocimiento de lo que está pasando en el interior de la empresa. 

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Las dudas sobre el futuro de Air-e están sobre la mesa, no obstante, Amylkar Acosta reiteró que la facultad de liquidarla solo está en la manos de la Superintendencia de Servicios Públicos, hoy bajo el mando de Felipe Durán.

"En ese caso el agente interventor sería con fines de liquidación, en ningún momento  la prestación del servicio se puede interrumpir porque es esencial y el Gobierno nacional está obligado a garantizar su prestación como lo establece la ley, con calidad, eficiencia y continuidad", dijo Acosta.

Por su parte, la Veeduría Ciudadana a la intervención de Air-e, conformada por los Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y ANDI Atlántico-Magdalena, recalcó que la liquidación no sería viable jurídicamente sin atender las deudas post-toma, ya que la empresa se estaría quedando sin patrimonio para no cumplir sus obligaciones. 

"En esa medida, antes de que se inicie la liquidación de Air-e, debe encontrarse un nuevo operador que reemplace a esta empresa en la prestación del servicio a su cargo en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Ese nuevo operador debe tener la experiencia y solvencia requeridas para prestar el servicio de distribución y comercialización de energía en el mercado que atiende Air-e", enfatizaron.