El Tribunal Superior de Bogotá admitió una tutela interpuesta contra la inscripción del candidato Abelardo De La Espriella por su nacionalidad estadounidense, pero dejó en firme su candidatura.

En las disposiciones del auto, emitido el 17 de junio, el Tribunal vinculó a la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Procuraduría, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el candidato Abelardo De La Espriella y el movimiento Defensores de la Patria.

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Asimismo, no atendió a la medida provisional solicitada porque "se hace necesaria la recolección de más elementos de juicio para tomar una decisión frente a las pretensiones que alega el actor". 

La tutela fue interpuesta por Daniel Felipe Villa Duarte, quien pidió que se analice si el juramento de naturalización estadounidense es compatible con el juramento presidencial. 

⚖️ El Tribunal Superior de Bogotá negó la medida provisional que buscaba suspender la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella para la segunda vuelta y admitió la tutela contra el CNE y la Registraduría. 🔽🔽 pic.twitter.com/27AapNcB24

— Tribunal Superior de Bogotá (@TSB_Bogota) June 18, 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) también se pronunció por este mismo hecho, dejando en firme la candidatura de Abelardo De La Espriella.

La decisión quedó consignada en la Resolución 2990 de 2026, tras una votación 7-2 en sala plena mediante la cual la autoridad electoral concluyó que "no existen pruebas suficientes para restringir los derechos políticos" de De la Espriella que disputará la Presidencia este domingo con Iván Cepeda.

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El CNE concluyó que los argumentos expuestos no contaban con el soporte probatorio requerido para justificar una medida que restrinja los derechos políticos del aspirante del movimiento Defensores de la Patria que obtuvo en primera vuelta 10,3 millones de votos (43,79 %), seguido por Cepeda que llegó a los 9,6 millones de apoyos (40,90 %).

En su resolución el CNE recordó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, máxima autoridad del contencioso administrativo en Colombia, "las actuaciones orientadas a limitar derechos políticos fundamentales deben estar sustentadas en pruebas plenas, verificables y suficientes".

Con información de EFE