La Sociedad Aeropuertos del Caribe S.A. -ACSA-, el nefasto concesionario que tuvo el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla por 15 años, sigue incumpliendo con su pago o devolución de dinero al Estado, por las obras que no ejecutó durante su período en la terminal aérea.

Un juzgado le ordenó en su momento devolver al Estado, en este caso la Aerocivil, la suma de $35.839 millones. Sin embargo, esa suma ya aumentó.

El economista y columnista Jorge Vergara interpuso un derecho de petición ante la Auditoría General de la República para conocer las actuación de la Contraloría General de la República, con el fin del cobro de ese dinero.

"De la documentación aportada por la CGR (Contraloría General de la República) se identificó que, para obtener el pago de las obligaciones a cargo de la sociedad concesionaria, se inició el proceso de cobro por jurisdicción coactiva identificado como Proceso Ejecutorio del 14 de junio de 2013. Según la información suministrada por la CGR, el valor actualizado de la obligación ascendía a $148.402.234.797, incluidos los intereses moratorios. De este monto, se reportó un recaudo de $1.218.448.030 y un saldo pendiente de $147.183.786.767, de acuerdo con las cifras consignadas en la documentación examinada", indicó la Auditoría en su respuesta.

Según la Auditoría, la Contraloría informó que el proceso de "cobro se encuentra suspendido debido a la existencia de demandas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo".

En pocas palabras, ACSA no ha pagado el dinero y tampoco se tiene noticia de los vehículos que debían devolver a la Aerocivil.

"Con fundamento en la documentación aportada por la Contraloría General de la República, se verificaron las actuaciones relacionadas con las dos concesiones del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, incluyendo la liquidación contractual, el cobro de las obligaciones a cargo de las sociedades concesionarias y el trámite y los resultados de los hallazgos fiscales identificados. Del análisis efectuado se estableció que la CGR adelantó actuaciones de vigilancia y control fiscal, realizó requerimientos a las entidades involucradas y efectuó seguimiento a los asuntos relacionados con los hechos denunciados", expresó.

"En consecuencia, dentro del alcance de la actuación administrativa adelantada por esta Dirección, y con base en la información y los soportes examinados, no se identificaron elementos que permitan advertir deficiencias en la gestión fiscal de la CGR que ameriten la adopción de actuaciones adicionales por parte de la Auditoría General de la República respecto de los hechos objeto de la denuncia", agregó.

La nefasta gestión

Las investigaciones e informes de Zona Cero y Atlántico en Noticias fueron claves para revelar lo mal que era manejado en su momento el aeropuerto, por la Sociedad Aeropuertos del Caribe S.A. -ACSA-.

Solo con la cédula de ciudadanía, ACSA ganó la puja por la administración, manejo y modernización de la terminal aérea y al final dieron por terminado el contrato porque la tal modernización nunca se vio.

El contrato de concesión No. 001-CON-97 fue suscrito el 10 de enero de 1997, con vigencia a partir del 28 de febrero del mismo año.

Ese contrato fue firmado por el entonces Director de la Aeronáutica Civil, Abel Enrique Jiménez Neira, y por el dirigente gremial Fernando Mario Arteta García, (fallecido) en representación de ACSA.

ACSA estaba integrada un pool de entidades del sector privado barranquillero, a saber: Cámara de Comercio (24.20%), Terpel del Norte (9.62%), Promigas SA (9.62%), Sociedad Portuaria Regional (7.87%), Argos (antes Cementos del Caribe) (4.66%), Granabastos SA (4.66%), Sociedad de Usuarios del Aeropuerto (4.66%), Industrias Cannon (4.66%), Comité Intergremial del Atlántico (3.21%), Fundación Probarranquilla (3.21%), Zona Franca de Barranquilla SA (3.21%), Fenalco (3.21%), Gases del Caribe (1.75%), Corporación Financiera del Norte SA (0.87%), y empresarios a título personal como el ex Ministro Guido Nule (3.50%), Fernando Arteta (4.37%), Raúl Riveira Molinares (3.21%), a quienes les entregaron acciones como prima de éxito por gestiones adelantadas para ganarse la licitación.

También poseían acciones, Alexis Riveira Acosta Madiedo (0.29%) y Juan Sarué (0.29%). El 40 por ciento restante era de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, ente público español creado mediante Real Decreto 905 del 14 de julio de 1991.

De acuerdo con la cláusula décima tercera de ese contrato, durante los 15 años, ACSA debía pagar 9 mil 400 millones de pesos, más los reajustes.

Sin embargo, la concesión incumplió en varios puntos acordados en su contrato, con los siguientes valores:

- Actualización del Plan Maestro, 856 millones 266 mil 567 pesos.

- Inversiones de mantenimiento y mejoras no ejecutadas y propuestas en su oferta por ACSA, 27.363 millones 88 mil 567 pesos.

- Máquina de Bomberos entregada con elementos en mal estado, 153 millones 299 mil 292 pesos.

- Mantenimiento del sistema eléctrico, 6.514 millones de pesos.

- Mantenimiento de malla perimetral y avisos, 1 millón 830 mil 810 pesos.

- Revisión de software y computadores en mal estado, 10 millones 99 mil 80 pesos.

- Extintores sin recarga, 781 mil 260 pesos.

- Instalaciones de aire acondicionado, 42 millones 889 mil 845 mil pesos.

- Infraestructura antiguo casino, 26 millones 456 mil 903 mil pesos.

- Vehículo ambulancia, 62 millones 800 mil pesos.

- Tres vehículos para labores de balizamiento, obras civiles y control de fauna silvestre, por  79 millones 700 mil pesos.

- Cinco vehículos, entre ellos los utilizados por los directivos de ACSA, por 413 millones 662 mil 277.

- Deuda cartera, 15 millones 694 mil 878 pesos.

- Servicio público de telefonía, 917 mil 970 pesos.

- Servicio público energía empresarial, 26 millones 447 mil 430 pesos.

- Servicios públicos hangar ATA de Colombia, 4 millones 514 mil 104 pesos.

- Servicio público de agua a nombre de Servientrega S.A., 280 mil 59 pesos.

- Electrificadora del Caribe, 96 millones 664 mil 348 pesos.

- Costo mantenimiento de parqueaderos, 167 millones 865 mil 88 pesos.

- Tractor Ford, entregado no operativo, 1 millón 800 mil 900 pesos.

Las irregularidades y el incumplimiento impidieron que se suscribiera un otrosí del contrato y a la Sociedad Aeropuertos del Caribe S.A. -ACSA-, un juzgado le ordenó devolver al Estado, en este caso la Aerocivil, la suma de $35.839 millones, por las obras que no ejecutó durante su período en el Ernesto Cortissoz.

La cifra como se dijo en párrafos anteriores ya supera los $147 mil millones.