El exagente interventor de Air-e, Carlos Diago.
El exagente interventor de Air-e, Carlos Diago.
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Air-e

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Accionistas de Air-e denuncian al exagente interventor Carlos Diago

Por "administración desleal".

Los accionistas de la empresa Air-e S.A.S. E.S.P. presentaron una denuncia penal por "administración desleal" contra Carlos Diago, primer interventor de la compañía.

"Dicha denuncia se suma a las acciones legales que se han emprendido contra el funcionario por las mentiras que ha pronunciado y no ha podido demostrar", indicaron en un comunicado de prensa.

La denuncia presenta "múltiples irregularidades" durante su gestión. Esto es lo que dicen textualmente los accionistas:

1. La reducción significativa del recaudo mensual de la empresa, atribuida a ruinosas decisiones administrativas. El recaudo mensual de la empresa Air-e se redujo en aproximadamente 30%, pasando de 365.000 millones de pesos a 280.000 millones de pesos. 

2. La creación injustificada de cargos directivos y el despido del 75% de las cabezas de procesos lo que incrementaron los costos operativos de manera innecesaria pues pasó de tener 5 directores a 16 directores. 

3. Se configuró un ocultamiento de información contable bajo la excusa de un supuesto ciberataque, lo que obstaculizó la transparencia financiera. Esto a pesar de que se le demostró en múltiples ocasiones a él y su equipo que le información estaba totalmente resguardada. 

4. El señor Diago Abello permitió́ la perdida de garantías bancarias internacionales, afectando gravemente la capacidad crediticia de la empresa. 5. Además, se identifica como hecho relevante la celebración de un acuerdo de pago ilegal con INTERASEO S.A.S., por valor de $ 148.529.720.754 de una obligación incierta y en discusión jurisdiccional.   

El abogado Jaime Lombana indicó que los 42 días que administró Diago "fueron ruinosos para Air-e".

"Redujo el recaudo más de 30%, incrementó exponencialmente el número de cargos, impulsó reconocimientos de cientos de miles de millones a empresas donde actualmente existen disputas legales", aseguró el jurista.

"Todo esto ha generado un perjuicio evaluable económicamente para los socios, configurando un abuso de funciones y posibles conductas fraudulentas, lo que amerita una investigación exhaustiva para establecer responsabilidades penales", añadió.

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