Por Alberto Donadio

Abel Sepúlveda es un héroe nacional. Se negó a pagar un soborno de 2.000 millones de pesos que le pidieron a su empresa. Y no solo eso. De paso logró defenestrar a un funcionario de mala fe, Ulahi Beltrán, el superintendente nacional de salud. Caín mató a Abel, pero aquí Abel liquidó a Caín. El médico Abel Sepúlveda es gerente de Emcosalud, una de las principales clínicas de Neiva, fundada hace 38 años. En asocio con otras entidades presta atención médica al magisteriode Huila y Tolima. Alguien contactó a Emcosalud para que enviara a una persona a Cartagena.

“Nos contactaron de la costa”, dijo Sepúlveda. Emcosalud envió a la asesora jurídica, que se reunió allá con Eduardo José Sánchez Martínez, de la Delegada de Investigaciones Administrativas. Sánchez le pidió 2.000 millones de pesos para exonerar a la empresa. “Los puedo sancionar o los puedo exonerar”, dijo Sánchez. Agregó que era parte de un grupo que tenía mucho poder y que ellos quitaban y ponían, y podían hasta denunciar a los funcionarios de Emcosalud ante la Fiscalía. “Yo los puedo acabar”, señaló.

Lo más aberrante de esta conducta mafiosa consiste en que no había una investigación contra Emcosalud en la superintendencia. Cuando Ulahi Beltrán fue nombrado superintendente en agosto de 2022, se reabrió una investigación del 2018 que había sido cerrada. Usar el poder sancionatorio de una superintendencia para el enriquecimiento personal de los empleados públicos es lo mismo que hicieron varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la época del cartel de la toga, bajo la coordinación del abogado Gustavo Moreno. Sánchez citó a la asesora jurídica a otra reunión. Fue en BBC, en el tercer piso de Gran Estación en Bogotá.

El conductor de Abel Sepúlveda les tomó fotografías a los dos. El gerente se las mandó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, junto con un audio con la exigencia de dinero. Sepúlveda me dijo que nunca antes, en ningún otro Gobierno, lo habían extorsionado funcionarios de la Supersalud.

El 22 de enero de 2024, el ministro de Salud y Ulahi Beltrán estuvieron en Bucaramanga en un acto público en la Universidad Industrial de Santander. El ministro le mostró al superintendente las fotografías que tenía en su celular, enviadas por Abel Sepúlveda. El 29 de enero de 2024, Ulahi Beltrán viajó a Neiva y en un restaurante muy cerca al aeropuerto se reunió con Sepúlveda. Este le mencionó la extorsión y otras irregularidades de la Supersalud en EPS intervenidas.

“Pues apele”, le dijo el superintendente. El extorsionista fue uno de más de 50 funcionarios de Barranquilla que Ulahi Beltrán nombró en la Supersalud. Nadie cree que a título personal un subalterno pueda reabrir una investigación que estaba archivada para ponerse un sobresueldo de 2.000 millones de pesos. Sin el beneplácito de los superiores, eso es imposible.

Abel Sepúlveda no pagó y sí logró la caída de este sujeto inmoral cuyos antecedentes son bien conocidos en Barranquilla, pero que Carolina Corcho nombró superintendente. En la Contraloría, Beltrán fue asesor de Sandra Morelli durante tres años a un costo de más de 500 millones de pesos. Solo viajaba unos días al mes a Bogotá. Mentía hasta en las cuentas que presentaba para reembolso de los tiquetes aéreos. Para la Contraloría incumplió el contrato. Ulahi Beltrán lleva más de diez años lanzando impunemente falsas acusaciones contra Saludcoop y Carlos Palacino. Emcosalud participó en la fundación de Saludcoop, y el médico Sepúlveda fue miembro de su consejo directivo. Ahora que Ulahi Beltrán quedó irreversiblemente tiznado por la infamia, la denuncia de Abel Sepúlveda adquiere una connotación adicional. Se ha hecho justicia no solo contra un funcionario amoral, sino contra un curtido calumniador. En Saludcoop, como afirma Guillermo Alfonso Jaramillo, hubo “un rollo inventado”.

Se debe abrir una investigación en la Fiscalía para identificar a los culpables de las extorsiones registradas en los 18 meses en que Ulahi Beltrán fue superintendente. Porque algunos habrán pagado. Ahora se sabe que los ataques contra las EPS de este superintendente deshonesto tenían como fin encubrir una empresa criminal. El Gobierno vocifera contra la corrupción en las EPS, pero cuando la detecta en sus propias huestes no destituye a los responsables, sino que les permite renunciar para que vuelvan tranquilamente a Barranquilla.

*Tomado textualmente de la revista Semana