Con la figura creada por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de realizar contratos directos con asociaciones públicos-populares, en la que se incluyen juntas comunales, cabildos y resguardos, el Gobierno de Gustavo Petro usó 31 billones de pesos en contratos a dedo.

Así lo reveló El Tiempo tras enviar un derecho de petición a la entidad Colombia Compra Eficiente.  

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Durante la administración de Petro, se han firmado 80.736 contratos con cabildos indígenas, juntas de acción comunal, asociaciones comunales, resguardos, etc. 

Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, los número 100 y 101, en la que el Gobierno incluyó una manera de contratar a ‘dedo’, extralimitándose sobre la naturaleza de las Asociaciones Público Populares. 

A pesar de que la Corte tumbó los artículos, el Gobierno insistió en el mismo logrando invertir más de 25 billones en 55.434 contratos en asociaciones comunales, más de 2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios, más de 1 billón en 2.274 contratos con resguardos, unos 700 mil millones en 1.389 contratos con cabildos, otros 6.900 millones en más de 6.900 contratos con juntas de acción comunal y más de 382 mil millones en 742 contratos con cabildos indígenas.

Muchos de los contratos están en estados como “celebrado” ó “modificados”, por lo que la Contraloría ha puesto la lupa sobre estos recursos públicos para establecer específicamente en que fueron invertidos y cómo beneficiaron a las comunidades. 

No obstante, la Procuraduría, el 13 de mayo de 2025 defendió esta política del Gobierno señalando que “flexibilizar la contratación para potencializar este segmento de la economía resulta razonable y proporcional, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional”.