El Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego, reveló en la mañana de este martes que las cinco empresas de seguridad privada a las que les suspendieron las licencias, también tenían 30 armas de fuego no avaladas para su uso por parte de la Superintendencia de Vigilancia.

"No contaban con autorización por parte de la Superintendencia (de Vigilancia) para estar en operación", expresó el alto oficial.

Suspensión de licencias

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó suspender las licencias de operación a las empresas Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda., por presuntos incumplimientos graves a la normatividad vigente.

Las medidas fueron adoptadas con fundamento en los hallazgos preliminares y en el marco de las competencias legales de inspección, vigilancia y control que ejerce la entidad.

Las empresas intervenidas acumulaban un volumen considerable de actividad operativa en el país, con un total de 696 hombres en servicio, 21 vehículos automotores, y un total de 483 armas, entre pistolas, revólveres y escopetas, desplegados en distintas zonas de la Región Caribe, como los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre.

Durante el procedimiento de intervención, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada requirió al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) para que, en el marco de sus competencias legales y en coordinación con las unidades policiales con jurisdicción en las zonas intervenidas, disponga la custodia provisional del armamento asignado a las empresas en calidad de portes y tenencias, hasta tanto se resuelvan de manera definitiva las medidas adoptadas.

En las actuaciones, se evidenciaron hechos preliminares de relevancia, que podrían comprometer la transparencia en la operación de las empresas, entre ellos:

- Presuntas fallas en los sistemas de custodia, trazabilidad y control del armamento, y utilización final al servicio de estructuras y actores criminales.

- Posibles vínculos de socios de una empresa con estructuras delictivas, actualmente objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

- Eventuales omisiones en los controles aplicados en la selección del personal operativo, evidenciadas en la vinculación de un número significativo de trabajadores con investigaciones penales activas por delitos de alto impacto.

- Probables omisiones administrativas, operativas y contables, incluyendo deuda acumulada desde 2013 con el Fondo de Vigilancia y la ausencia de presentación de estados financieros correspondientes al año 2019.