La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, destacó que las audiencias de conciliación extrajudicial por la entidad han generado para el Estado colombiano un ahorro superior a los tres billones de pesos.

Durante su intervención en el Encuentro Nacional de Procuradores Judiciales, en Bogotá, la jefe del Ministerio Público resaltó que desde su llegada al cargo, en enero de 2021, los procuradores judiciales han adelantado 53.990 audiencias de conciliación extrajudicial, de las cuales en 6.071 se lograron acuerdos conciliatorios que permitieron alcanzar ese ahorro tan significativo para el país.

Entre los resultados obtenidos mencionó el caso del Fondo del Magisterio, en el que se obtuvieron 4.600 conciliaciones que implicaron el restablecimiento del derecho al pago de cesantías atrasadas a los docentes, y un ahorro para el Estado superior a los 14 mil millones de pesos.

Con relación a la intervención de la entidad ante la justicia arbitral, donde los procuradores judiciales intervienen como sujetos procesales especiales para lograr que las partes concilien sus diferencias, señalo casos como el de Navelena, donde se logró un ahorro de 178 mil millones de pesos para la Nación; el de Recaudo Bogotá, con 80 mil millones de pesos, y los del Grupo de Energía de Bogotá, con 384 mil millones de pesos.

“Más allá de la cantidad de intervenciones, estoy convencida de que el futuro de estas debe tener como norte la garantía de los derechos humanos, la equidad, la inclusión y la igualdad, la no discriminación por razones de sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, origen, situación de discapacidad, edad u opinión política”, sostuvo.

Modelo de Buena Gobernanza

La jefe del órgano de control indicó que impulsó la creación de un Modelo de Buena Gobernanza que le ha permitido a la Procuraduría ubicarse a la vanguardia de las necesidades sociales, para construir una entidad que actúa desde la equidad y la diferencia.

Explicó que dentro de las líneas de intervención se implementaron indicadores y mecanismos orientados a visibilizar los casos del conflicto armado según el género de la víctima. Ese enfoque permitió evidenciar que las principales conductas cometidas contra las mujeres en ese contexto son el homicidio, el desplazamiento y la desaparición forzada.

Igualmente, habló de los logros de la estrategia ‘Promujeres’, enfocada en la defensa efectiva de los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres, para garantizar su acceso a la justicia y a una atención integral, diligente y oportuna.

Gracias a esta última iniciativa, se creó la Coordinación Nacional de Intervención Penal en defensa de los derechos de las mujeres, cuya finalidad es lograr que la defensa de los derechos humanos de las mujeres involucradas en el proceso penal haga parte fundamental de la función de intervención penal con perspectiva de género, ya sea que se encuentren involucradas como víctimas, procesadas o condenadas.

A la fecha, esa coordinación participa en 302 casos, así como también ha creado 195 agencias especiales para participar en los procesos y ha priorizado otros 107, en los que ejerce activamente la función de intervención penal. Esos expedientes son adelantados por delitos como feminicidio (97), tentativa de feminicidio (24) y violencia intrafamiliar (41), entre otros.

*Con información de Procuraduría General de la Nación