Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023, la Defensoría del Pueblo le hizo un seguimiento permanente al cese al fuego bilateral decretado a comienzos del año anterior por el Gobierno Nacional con varios grupos alzados en armas.

El resultado del estudio deja mucho que desear, toda vez que la población civil es la principal víctima, al vulnerársele derechos fundamentales como a la vida, integridad, libertad, seguridad, entre otros.

“A partir del monitoreo que adelantamos, se registraron 236 acciones violentas por parte de los grupos armados ilegales en el desarrollo del cese al fuego, de las cuales 34 fueron acciones directas con la fuerza pública y las restantes 202 correspondieron a acciones indirectas entre las mismas organizaciones armadas, que constituyeron claras infracciones al derecho internacional humanitario”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Para darle confianza a la ciudadanía en el avance de los actuales diálogos de paz y ceñidos a los resultados del balance, enfatiza el Defensor, “es fundamental un compromiso expreso de todas las estructuras armadas al margen de la ley, como frenar definitivamente el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, devolver a los menores de edad que se encuentran en sus filas y terminar con el delito del secuestro, además de entregar a todas las personas que tienen en cautiverio”.
 
Una acción directa son hechos bélicos y hostilidades entre la fuerza pública y los grupos armados involucrados en los decretos del cese, y las acciones indirectas son aquellas situaciones ejercidas por las organizaciones armadas ilícitas que atentan contra los derechos humanos (DD. HH) y violentan lo establecido en el derecho internacional humanitario (DIH), cuyos afectados son los civiles.