La JEP recibió el reconocimiento de verdad y responsabilidad de 21 integrantes del Ejército Nacional y un tercero civil por el asesinato de, al menos, 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo y 127 víctimas más en la Costa Caribe, dentro del Caso 03: 'Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado'.

La Sala de Reconocimiento, por medio del Auto 208, ordenó trasladar a las víctimas acreditadas y al Ministerio Público las manifestaciones de reconocimiento de los comparecientes.

Este año, a través de los autos 125 y 128, la Sala de Reconocimiento les imputó a 25 miembros del Ejército y un tercero civil los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada que también constituyeron crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada y el crimen de guerra de homicidio. 

La JEP concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate".

Tras conocerse la imputación, 22 de los 26 comparecientes reconocieron verdad y responsabilidad por los crímenes imputados por la Jurisdicción. Entre el 18 de agosto y el 9 de noviembre de 2021, tanto los 11 imputados de la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y el Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander' (BISAN) vinculados a los hechos de El Catatumbo (Norte de Santander), como 11 de los 15 imputados del Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP) vinculados a los hechos de la Costa Caribe, presentaron su escrito de reconocimiento ante la JEP. 

El oficial de más alto rango en reconocer su responsabilidad por los hechos es el brigadier general Paulino Coronado Gámez, antiguo comandante de la Brigada 30: “Presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (...), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, dejando profunda desolación entre sus seres queridos, a quienes ofrezco mi absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad, como medio reparador", señaló en el documento.

Asimismo, lo manifestaron los demás imputados por los 'falsos positivos' investigados por la JEP en Catatumbo entre 2007 y 2008: los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, los tenientes coroneles Álvaro Diego Tamayo Hoyos y Gabriel de Jesús Rincón Amado, el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, el capitán Daladier Rivera Jácome, el sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz, el sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar y el tercero civil Alexander Carretero Díaz, colaborador de las estructuras militares en las acciones ilícitas.

Por su parte, el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Rivero, quien se desempeñó como oficial de operaciones del BAPOP y uno de los uniformados de más alto rango imputados por los hechos de La Popa (Costa Caribe), manifestó: “Reconozco mi responsabilidad por contribuir al conflicto armado en vez [sic] de la paz, como me lo mandaba mi cargo público y mi deber como ciudadano. PIDO PERDÓN a cada uno de los ciudadanos víctimas de mi acción, a quienes reconozco como personas dignas y sujetos de derechos vulnerados y me comprometo a repararlos, aportando toda la verdad que conozco sobre estos homicidios".

En esos mismos términos se refieren los demás imputados por los 'falsos positivos' investigados por la JEP en la Costa Caribe entre 2002 y 2005: el mayor Heber Hernán Gómez Naranjo, el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, los subtenientes Eduart Gustavo Álvarez Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez, los sargentos primero Efraín Andrade Perea y Manuel Valentín Padilla Espitia, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero, y los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.

En sus escritos de reconocimiento por los crímenes cometidos en El Catatumbo y en la Costa Caribe, el general ( r ) Paulino Coronado y once oficiales más, seis suboficiales, tres soldados y un tercero civil reconocieron de manera individual y voluntaria su participación en los hechos, ampliaron sus versiones, ratificaron su compromiso con la JEP, pidieron perdón y manifestaron su voluntad de reconocer verdad y, en algunos casos, aportaron nuevas pruebas y entregaron información que permitirá a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas avanzar en sus objetivos.

Para la magistratura, el reconocimiento por parte de los máximos responsables de estos crímenes “es un elemento esencial del Sistema Integral para la Paz y, en particular, de la JEP, en tanto materializa ´el sistema de incentivos condicionados´ en el que se funda este sistema de justicia transicional".

Los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, comandantes del Batallón La Popa durante los años 2002 y 2004 y 2004 y 2005, negaron su responsabilidad y por lo tanto fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para que, de encontrar mérito para ello, siga el proceso adversarial. De ser vencidos en juicios Mejía y Figueroa podrían ser condenados hasta con 20 años de cárcel.   

¿Qué sigue en el proceso judicial con reconocimiento? 

Una vez culminó la presentación de observaciones por parte de las víctimas y el Ministerio Público, así como la recepción de los escritos de respuesta de los máximos responsables determinados en los autos 125 y 128 de 2021, la Sala de Reconocimiento ordenó poner en marcha un proceso restaurativo para preparar la audiencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de estos comparecientes por los falsos positivos cometidos en El Catatumbo (Norte de Santander) y la Costa Caribe.

La JEP ordenó durante los próximos cuatros meses: 1) realizar acciones pedagógicas del proceso adelantado en el caso 03, subcasos Norte de Santander y Costa Caribe; 2) identificar las expectativas y valoraciones de las víctimas frente al reconocimiento de responsabilidad que deben presentar los máximos responsables en una audiencia pública; 3) realizar encuentros restaurativos privados entre víctimas y comparecientes y 4) preparar el camino restaurativo para la formulación de propuestas del componente reparador de la sanción propia a que haya lugar. 

La Sala de Reconocimiento advirtió que para que un encuentro entre quienes sufrieron los daños y quienes los causaron tenga efectos restaurativos debe ser el producto de un proceso. De ahí que previo a convocar la audiencia pública de reconocimiento, a través de estas acciones la magistratura tendrá en cuenta las manifestaciones y expresiones de las víctimas sobre sus experiencias, la valoración propia del daño sufrido y las posibilidades que ellas estiman de reparación en un espacio como esta diligencia. El objetivo es que en estos encuentros entre víctimas y responsables se explore avanzar en el restablecimiento de los tejidos sociales que los crímenes graves y masivos rompieron.​

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