‘Alerta Rosa’, un mecanismo de búsqueda inmediata orientado a la localización y protección de las personas.
‘Alerta Rosa’, un mecanismo de búsqueda inmediata orientado a la localización y protección de las personas.
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Fiscalía.

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17 entidades se unen para la búsqueda inmediata de menores reportados como desaparecidos

La Procuraduría ejercerá vigilancia estricta sobre la actuación de las entidades responsables de la búsqueda.

La Fiscalía General de la Nación, junto con 16 entidades del Estado, puso en funcionamiento ‘Alerta Rosa’, un mecanismo de búsqueda inmediata orientado a la localización y protección de niñas, niños, mujeres, adolescentes y jóvenes reportados como desaparecidos. 

“A partir de ahora, una vez se reporte la desaparición de una persona perteneciente a estos grupos priorizados, se activará una alerta temprana a través de canales oficiales. Esto permitirá movilizar de manera articulada a autoridades locales, organismos de socorro, juntas de acción comunal, organizaciones sociales y religiosas, medios de comunicación y ciudadanía en general, fortaleciendo así las labores de búsqueda en todo el territorio, incluidas zonas de frontera y terminales aéreas, terrestres y marítimas”, según explicó la Fiscalía en un comunicado.  

Además de la localización, este mecanismo contempla la adopción de medidas de protección para brindar condiciones de seguridad al ciudadano ubicado, especialmente respecto a riesgos asociados a violencias basadas en género. 

La Fiscalía General de la Nación participa en el Comité de Coordinación Nacional de la Alerta Rosa junto con representantes de entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional, Migración Colombia y diversos ministerios.

“Desde la Fiscalía General de la Nación ejercemos el liderazgo de la Alerta Rosa con una convicción profunda: la búsqueda de personas desaparecidas no es solo una obligación legal, es una prioridad institucional. Como cabeza del Comité de Coordinación Nacional, nuestra responsabilidad es garantizar que este mecanismo funcione de forma articulada, rigurosa y eficaz, y que ninguna alerta se diluya entre competencias fragmentadas o respuestas tardías. La Fiscalía no coordina desde el escritorio; coordina desde la acción, desde el territorio y desde la urgencia que cada caso exige”, enfatizó, en el lanzamiento de la estrategia nacional, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. 

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Procuraduría vigilará respuesta inmediata de entidades en la Alerta Rosa

La Procuraduría General de la Nación anunció que ejercerá vigilancia estricta sobre la actuación de las entidades responsables de la Alerta Rosa.

La entidad precisó que como integrante del Comité de Coordinación Nacional de la Alerta Rosa, “ejercerá control transversal sobre su implementación mediante funciones preventivas,  de intervención y disciplinarias, para articular la búsqueda inmediata de menores de edad, jóvenes y mujeres desaparecidas y garantizar su vida e integridad, vigilando la atención oportuna de denuncias, la activación de rutas, la coordinación entre entidades y posibles omisiones o dilaciones de servidores públicos”.

Según el registro histórico del SIRDEC (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres), publicado en el portal de datos abiertos y actualizado a enero de 2026, durante 2025 fueron reportadas como desaparecidas 127 niñas, 95 niños, 1.614 adolescentes y 807 mujeres; y solo en enero de 2026 se registraron 9 niñas, 6 niños, 87 adolescentes y 53 mujeres desaparecidas.

La Alerta Rosa exige que el Estado actúe sin demora. No es un trámite: es una herramienta para proteger la vida”, señaló María Fernanda Rangel, Delegada para la Defensa de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres.

Finalmente, la Procuraduría reiteró que mantendrá seguimiento permanente a la implementación de la Alerta Rosa, con el fin de contribuir a que la respuesta institucional opere con oportunidad, articulación y efectividad, en protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres desaparecidas, así como de sus familias.
 

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