Una auditoría de la Contraloría General de la República a la Policía Nacional puso en evidencia las supuestas inconsistencias en un contrato mediante el cual la Dirección de Tránsito y Transporte adquirió por $1.190 millones de pesos equipos de reconocimiento para la seguridad vial (incluyendo drones), que aunque se cancelaron en su totalidad y fueron recibidos a satisfacción no han podido ser utilizados, por fallas en especificaciones técnicas al momento de ponerse en operación.

Según el ente de control, la  Policía suscribió el contrato de compraventa con la Unión Temporal MNI para la adquisición de los Centros de Comando y Control Móviles con Sistemas de Reconocimiento Remoto para la Seguridad Vial, con el cual se  pretendía aumentar la cobertura de control policial y mejorar el tiempo de reacción de la autoridad frente a hechos delictivos o de accidentalidad que afectaran la movilidad.

"También se buscaba mejorar  el monitoreo y el análisis en tiempo real de situaciones de emergencia y movilidad que se presenta,  tanto para conductores,  transeúntes,  pasajeros,  y habitantes de los corredores  circunvecinos a las carreteras", añade la comunicación de la Contraloría.

El Sistema se compone de 2 vehículos, 2 sistemas de reconocimiento remoto con sus accesorios y baterías, 2 rack, 2 plantas eléctricas, 4 pantallas de visualización,  Smart tv, 2 computadores portátiles, módems para automoción, CCTV (Indoor/outdoor) y 2 Nvr de 1 Tera.

La Policía Nacional deberá dar respuesta a las observaciones presentadas por la Contraloría General de la República con relación a las consistencias y también dar a qué acciones ha emprendido para hacer efectivas las garantías aprobadas para la ejecución del contrato.