La Contraloría General de la República estableció que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada).

Por lo tanto, este órgano de control debe precisar que la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que a la fecha se conozca algún tipo de actuación desplegada por las autoridades mencionadas, a pesar de ser una situación de especial gravedad.

Dicho lo anterior, el Contralor General de la República hace un llamado al Gobierno nacional, a los ministerios y superintendencias involucradas, como garantes de satisfacer las necesidades más esenciales de la población, a tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio público de energía eléctrica a las comunidades indicadas y evitar el riesgo sistémico que se cierne a nivel nacional. Entre ellas, deben considerarse aquellas medidas que regularicen el giro oportuno de los subsidios de energía.

A juicio de la Contraloría General de la República, contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de “la opción tarifaria”, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos. 

Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la Costa Caribe.

Las circunstancias anotadas: (i) no pago de los subsidios por parte del Gobierno nacional; (ii) ingresos no recaudados por la “opción tarifaria”, y (iii) el incumplimiento de los operadores de red con el mercado mayorista, configuran un grave riesgo para la continuidad en la prestación del servicio, lo cual implica que ante una interrupción o suspensión del servicio de energía se vean afectados otros servicios como la salud, educación, comercio, e incluso acueductos; es decir, es una problemática que padecería la comunidad en general, dado que son múltiples las actividades que dependen de este servicio.

Valga recordar que la Contraloría General de la República, a través de la Delegada para el Sector Minas y Energía, se ha pronunciado sobre la importancia de la seguridad y confiabilidad energética, no solo en el reciente estudio publicado sobre este tema, sino en el realizado en el 2022 sobre “Avances de la Estrategia para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica en la Región Caribe”, en el que se concluyó que persisten retos como los giros de subsidios y el pago de consumos de los usuarios, incluyendo entidades públicas del orden municipal y departamental. 

La sostenibilidad del servicio depende de la solución a estos aspectos críticos. Así mismo, se advirtió entonces que la falta de disponibilidad y pago de subsidios por parte de los Fondos puede poner gravemente en riesgo la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Finalmente, se pone de presente a las autoridades locales de todo orden que la no apropiación de rubros presupuestales suficientes para el pago de los servicios públicos domiciliarios por parte de las entidades públicas es otro factor que afecta la prestación del servicio y frente al cual existen circulares de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, que advierten sobre la gravedad de tal conducta; además de constituir presunta falta disciplinaria contra la hacienda pública. 

En tal sentido, se realizarán los traslados respectivos a la Procuraduría General de la Nación a efectos de establecer las responsabilidades disciplinarias que correspondan.

*Con información de Contraloría General de la República