El Distrito de Barranquilla cumplió con sus pagos para los derechos de organización de los Juegos Panamericanos de 2027, pero los Gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro "mamaron gallo". 

El contrato para la realización de los Juegos fue firmado en mayo de 2021. 

La Alcaldía de Barranquilla pagó 250.000 dólares y después dos cuotas de 1 millón de dólares, para un total de 2.250.000 dólares.

El Gobierno de Iván Duque debió girar 4 millones de dólares el 30 de julio de 2022, pero incumplió. 

Los otros 4 millones de dólares le correspondían al Gobierno de Gustavo Petro, para un pago el 30 de julio de 2023, pero también incumplió.

La deuda total seguía en 8 millones de dólares, la Ministra del Deporte, Astrid Rodríguez se comprometió al pago en dos cuotas que iban a ser canceladas el 30 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024, pero la primera se incumplió y a Barranquilla le quitaron la sede. 

La propuesta inicial, el plan maestro, los diseños, el equipo técnico desde hace 3 años, lo pagó Barranquilla. 

En todos los otros países, el Estado paga la totalidad de los Juegos, pero aquí el Gobierno negoció que iba a poner el 60 por ciento y los gobiernos locales el 40 por ciento.

Además, el Gobierno quería que los Juegos no fueran solo en Barranquilla, si no en todo el Caribe, entonces ese 40 por ciento se dividiría.

El Gobierno de Gustavo Petro pactó el acuerdo mencionado arriba, que finalmente no cumplió.

Lo anterior causó una pérdida de confianza de Panam Sports con el país.

Con la pérdida de la sede, se afecta a los deportistas, la región y la credibilidad del país.

Hay que recordar que también se perdió mucho tiempo con el lapso que duró la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, que se dedicó a hablar contra los Juegos y no le contestaba a Panam Sports.

La Ministra Astrid Rodríguez encaminó la realización del evento, pero la negligencia registrada a finales de diciembre la deja retratada.

Los Juegos Panamericanos de 2027 iban a costar 400 millones de dólares. En su momento, el Distrito hizo un estudio socioeconómico que demostraba el impacto positivo de los juegos en materia económica y deportiva.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el Gobierno se había comprometido a aportar el 70 por ciento y sólo aportó el 30 por ciento, y a Barranquilla le tocó hacer milagros.

No es la primera vez que la ciudad no cuenta con el respaldo del Estado para realizar un evento deportivo.