Frente a los nuevos hechos, lo que queda claro es que sigue faltando claridad en torno al convenio Cormagdalena – Asoportuaria y, como consecuencia de ello, en la contratación del dragado.

La decisión de la compañía Dredging Internacional de no firmar el contrato que le fue adjudicado para el dragado en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, sigue generando toda clase de inquietudes en torno al alcance legal del convenio suscrito entre Cormagdalena y Asoportuaria para tal fin.

A través de dicho convenio el Director de Cormagdalena, Augusto García Rodríguez, dejó en manos de Asoportuaria, agremiación que él dirigió y ahora está en cabeza de Alfonso Felfle, todo el proceso de contratación del dragado, disponiéndole la suma de 9.479 millones 152 mil 341 pesos. Asoportuaria, por su parte, sólo dispondría la suma de 47 millones 633 mil 931 pesos, para un total de 9.526 millones 786 mil 272 pesos. El contrato fue finalmente adjudicado por 8.825 millones de pesos.

Lo que llama la atención de la decisión del contratista seleccionado es el por qué renuncia a la firma de un contrato que, tal como lo vienen asegurando los directores de Cormagdalena y Asoportuaria, fue adjudicado dentro de un proceso lleno de legalidad y transparencia.

Entrevistado por zonacero.info y Atlántico en Noticias, el representante legal de la Dredging Internacional, Oliver Vantomme, aseguró que su decisión obedeció a la falta de “arreglos” con Asoportuaria con relación a condiciones no pactadas en los pliegos, sin especificar qué tipo de “arreglos” entorpecieron finalmente la contratación.

Ante esa decisión, el Director de Asoportuaria anunció que hará efectiva la póliza de cumplimiento al contratista y abrirá un nuevo proceso abreviado para contratar el dragado.

Sin embargo, el proceso ya fue puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación por parte del abogado Alfonso Camerano Fuentes, por considerar vicios de legalidad tanto en el objeto del convenio como en todo el proceso de adjudicación.

Al respecto, el abogado Camerano expresó que no entiende “cómo se puede hablar de hacer cumplir las pólizas cuando el convenio y el contrato son ilegales y el proceso de adjudicación es violatorio de todas las normas de contratación pública”, al tiempo que solicitó la urgente intervención del Ministerio Público.

Más bien, recalcó, “lo que deben explicar es en qué momento y con qué requisitos acopiaron nuevas propuestas para el nuevo proceso, incluyendo la expedición de pólizas. También deben explicar cuáles fueron las otras firmas que participaron, cómo fue el proceso y cómo garantizan todos los principios de contratación pública”.

Vale recordar que el convenio surgió luego que en el mes de diciembre fue declarada desierta una primera licitación para el mismo dragado.

En este segundo proceso, ya en manos de Asoportuaria, Camerano aseguró que durante la adjudicación no fueron abiertos todos los sobres de las propuestas presentadas y luego a los directivos de la Asociación les aplicaron el “código del silencio”, tal como ocurre en la Junta de la Cámara de Comercio.

“Aquí lo que hubo realmente fue un delito y por eso la contratación es espúrea, por lo cual Asoportuaria no está en capacidad de realizar ningún tipo de exigencia”, recalcó.

Dentro del proceso ante la Procuraduría General de la nación también se menciona el hecho de que el Director de Cormagdalena, Augusto García Rodríguez es hermano de Raúl García Rodríguez, Gerente de una de las sociedades agremiadas a Asoportuaria, a la cual la Corporaciòn le entregó el manejo de la multimillonaria contratación del dragado en cuestión.

Frente a los nuevos hechos, lo que queda claro es que sigue faltando claridad en torno al convenio Cormagdalena – Asoportuaria y, como consecuencia de ello, en la contratación del dragado.