La Procuraduría y la Dirección General Marítima (Dimar) informaron que han abierto investigaciones contra varios hoteles de Santa Marta por ocupación ilegal de playas que deberían ser de uso público. 

Entre los casos investigados se encuentra el del hotel Tequendama, en la zona de los Pozos Colorados, que ha ocupado un sector de 1.980 metros cuadrados de playas públicas. 

Lo mismo sucede con el hotel Zuana, en las playas de Bello Horizonte de esta misma ciudad, que está usando de forma privada una zona de 5.345 metros cuadrados de playa en la ampliación de la edificación y colocando boyas no autorizadas.

La Procuraduría también reveló que está investigando a la Sociedad de Inversiones Segher S.A, que construyó un edificio con apartamentos para la venta en la playa de Pozos Colorados e instaló varios elementos para uso particular de las playas, sin ninguna autorización.

En Playa Dormida, también en la capital del Magdalena, fue construido un edificio que ocupa 935 metros cuadrados en zona pública y que podría estar contaminando el mar con los desechos de la obra.

En todo caso, no es solo Santa Marta la ciudad afectada por estas invasiones que privan a las personas de zonas públicas de playa, en Cartagena se han encontrado 1.500 casos de ocupaciones; en Coveñas, 303; en Riohacha, 160; y en Puerto Velero (Barranquilla), un particular tendría ocupados 16.031 metros cuadrados.

En Colombia existen reportes de, al menos, 29.145 ocupaciones de playas públicas. Así lo ha revelado la Procuraduría junto con la Dirección General Marítima (Dimar). De estas ocupaciones, la mayor parte han sido reportadas en Tumaco, Nariño, donde el número de ocupaciones llegaría a 12.759. Le sigue Buenaventura, en Valle del Cauca, con 10.836 casos.

Aunque la mayor parte de las ocupaciones irregulares se han reportado en el Pacífico -85 por ciento- lo cierto es que las autoridades se encuentran preocupadas por el crecimiento de los casos en el Caribe, sobre todo a nivel de urbanizaciones. 

Según las autoridades, una de las dificultades para recuperar estos terrenos públicos ocupados por privados es que las ciudades no actualizan sus planes de ordenamiento territorial (POT). En Santa Marta, por ejemplo, muchos sectores invadidos fueron avalados en 1992 como terrenos de uso privado, aunque en la actualidad ya no lo sean, los curadores siguen expidiendo licencias.