La semana pasada, el Consejo Superior de la Judicatura rindió cuentas a la ciudadanía sobre el año 2024. De entre las muchas cifras que mostró la saliente presidente, Dra. Diana Remolina, hay una que llamó más la atención: el año pasado se radicaron 952.251 tutelas; esto es, 2.608 por día o 108 cada hora. A juzgar por las proyecciones de crecimiento, este año "romperemos" la barrera de un millón de tutelas tramitadas al año. Y esto tiene algunas consecuencias.

Para empezar, este volumen de tutelas representa el 29% de la demanda total de justicia. En otras palabras, casi una de cada tres personas que acudieron a los jueces lo hicieron para presentar una acción de tutela. Los principales derechos invocados fueron: el derecho de petición (41,3%), la salud (29,1%) y el debido proceso (13,5%). Tres garantías que deberían estar protegidas sin necesidad de acudir a los jueces.

La acción de tutela, que nació como mecanismo excepcional, ha terminado por convertirse en la regla. El incremento de tutelas en 2024 fue del 13,2% frente al año anterior, en un sistema judicial que apenas cuenta con 11,8 jueces por cada 100.000 habitantes y cuya tasa, lejos de mejorar, disminuyó con respecto a 2023. Mientras la población crece, la cantidad de jueces se estanca y la demanda aumenta.

El resultado está a la vista: una Rama Judicial asfixiada. En total, en 2024 se recibieron 2.311.492 procesos ordinarios y 952.251 tutelas. Si a eso se suman las impugnaciones y otras acciones constitucionales, la cifra supera ampliamente los 3 millones de procesos nuevos en un solo año. El inventario acumulado sigue creciendo, especialmente en la jurisdicción civil, que ya concentra más del 45% de los procesos pendientes por resolver.

A este panorama debe sumarse la crítica situación de congestión judicial en materia penal. El informe revela que el 44% de los procesos penales ingresados en 2024 se mantienen en trámite, lo que significa que casi la mitad de los casos no han logrado resolverse. En total, la jurisdicción penal representa el 30% del inventario judicial acumulado. Esta realidad impacta directamente en la eficacia de la justicia penal y alimenta la percepción de impunidad, particularmente en delitos que afectan la seguridad ciudadana. Una justicia tardía no solo incumple su función, sino que mina la confianza en el Estado.

También se evidenció que el tiempo promedio de duración de un proceso penal en etapa de juzgamiento se acerca a los 900 días. Esta cifra, que equivale a casi dos años y medio, es reflejo de una estructura que requiere reformas estructurales, mayor inversión y mejor gestión de los recursos disponibles. Mientras tanto, miles de procesos siguen estancados y miles de víctimas esperan justicia.

En este contexto, la tutela se convierte en un último recurso para ciudadanos desesperados, pero también en una nueva carga para despachos desbordados. No se trata de quitar la tutela, sino de evitar que sea necesaria. Eso solo se logra cuando las EPS responden en los plazos legales, cuando las entidades respetan el debido proceso y cuando el Estado garantiza, de forma efectiva, los derechos fundamentales.

Las cifras del informe son claras. La tutela sigue siendo una herramienta fundamental, pero su uso masivo revela algo más preocupante: que el Estado está fallando en la protección primaria de los derechos fundamentales. ¿Cuántas tutelas más se necesitan para que algo cambie?

Si seguimos esta tendencia, no solo superaremos el millón de tutelas, sino que podríamos terminar la década tramitando un millón y medio de tutelas anuales. No hay sistema que aguante. El "primer millón" de tutelas es un síntoma de un sistema que necesita reformas urgentes. Según se vea, podemos alegrarnos porque se han tramitado un millón de soluciones en justicia (en vez de fuera de ella) o podemos preocuparnos: detrás, pueden estar un millón de fracasos institucionales