Hoy quiero que nos adentremos en un tema que, sin duda, ha generado ríos de tinta y encendidos debates en nuestro país: la Reforma Laboral. ¿Es buena o es mala? Esa es la pregunta que muchos se hacen, y la respuesta, permítanme decirles, es mucho más compleja que un simple sí o no.

Desde mi perspectiva, la cuestión no reside en calificar la reforma como inherentemente buena o mala en su concepción. De hecho, muchas de sus propuestas buscan dignificar las condiciones laborales y proteger los derechos de los trabajadores, principios con los que, en teoría, todos estaríamos de acuerdo. El verdadero quid del asunto, a mi parecer, radica en un interrogante mucho más profundo y, a la vez, más doloroso: ¿Estamos legislando en Colombia conectados a la realidad socio-económica de nuestro país, o para un país empresarial que, en la práctica, no existe?

Miren, es un secreto a voces que gran parte de nuestras normativas, y la reforma laboral no es la excepción, parecen diseñadas para grandes corporaciones, para empresas robustas, con departamentos legales especializados y una capacidad económica que les permite absorber sin mayores sobresaltos cualquier ajuste normativo. Y aquí es donde chocamos de frente con nuestra cruda realidad.

Hablemos claro: el 95% de las empresas en Colombia están catalogadas como micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Detrás de cada una de ellas hay historias de emprendedores que, literalmente, trabajan con las uñas. Son hombres y mujeres que con mucho esfuerzo, sacrificio diario y, en muchos casos, arriesgando su patrimonio personal, luchan por sacar adelante sus negocios. Para ellos, cada peso cuenta, cada ajuste en los costos de operación puede significar la diferencia entre la supervivencia y el cierre.

Cuando se establecen cargas laborales que, aunque justas en un contexto ideal, son desproporcionadas para la realidad de estas pequeñas y medianas empresas, estamos generando una presión inmensa sobre quienes son el verdadero motor de nuestra economía y la principal fuente de empleo en el país. ¿Cómo pedirle a un pequeño tendero, a un modesto taller de confección, o a un emprendimiento de servicios con cinco empleados, que asuma las mismas responsabilidades y costos que una multinacional con miles de empleados y utilidades millonarias?

Las consecuencias de esta nueva reforma, aprobada bajo estas circunstancias, son, a mi juicio, impredecibles. No porque la intención sea mala, sino porque la desconexión con la realidad de nuestras MIPYMES podría generar efectos no deseados: desde una desaceleración en la creación de empleo, pasando por la informalidad como válvula de escape, hasta el cierre de negocios que no logren adaptarse a las nuevas exigencias.

En Colombia, necesitamos leyes que, si bien protejan al trabajador, también promuevan la sostenibilidad empresarial en todos los niveles. Necesitamos un marco legal que impulse el crecimiento de nuestras MIPYMES, no que las asfixie.

La reforma laboral no es buena ni mala en un sentido absoluto. Su verdadero desafío será demostrar si logra aterrizar en la realidad de un país donde la mayoría de los empleos se generan en la informalidad o en empresas que luchan por sobrevivir. Solo el tiempo dirá si fuimos capaces de legislar con los pies en la tierra o si, una vez más, construimos normas para un país que solo existe en el papel.