La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, desde Barranquilla, entregó los resultados del informe defensorial sobre el acceso a medicamentos y el derecho a la salud en Colombia.

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Reveló, durante su intervención, que en el país han sido radicadas –entre enero de 2020 y agosto de 2025– más de un millón de tutelas, en donde el 33,85% corresponden al derecho a la salud y otro 36,82% por la entrega inoportuna de medicamentos e insumos médicos.

La jefa del Ministerio Público señaló que en los últimos años se ha incrementado significativamente el número de acciones de tutela y de quejas presentadas tanto ante la Defensoría del Pueblo como ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Indicó que si la tendencia se mantiene, al finalizar el año 2025 se habrán interpuesto cerca de 315.000 tutelas, casi el doble de las registradas en 2022.

“En 2008, cuando la Corte Constitucional profirió la sentencia estructural por violación al derecho a la salud, el 37% de los usuarios reportaba falta de acceso a medicamentos. Esa cifra disminuyó al 32% en 2011 y al 20% en 2020; sin embargo, hoy asciende al 40%, lo que representa el doble de lo registrado en 2021 y supera incluso los niveles del 2008, cuando comenzó la intervención estructural de la Corte”, anotó.

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Precisó que esta situación ha obligado a las personas a destinar una mayor proporción de sus ingresos para cubrir gastos de salud.

“En 2019, destinaban el 15,8% de sus ingresos, y en 2024 esta cifra subió al 17,2%, según el DANE. Además, el impacto varía según el territorio, lo que ha generado distorsiones en la cadena logística y un traslado masivo de la demanda al canal privado. Esto significa que, aunque no existe un desabastecimiento de medicamentos, sí hay una brecha entre la disponibilidad en el mercado y la oferta institucional”, explicó.

Marín sostuvo, en ese sentido, que según las encuestas aplicadas el 61% de las personas que tuvieron problemas para acceder a medicamentos terminaron comprándolos de manera particular, fortaleciendo así el canal privado.

Por otra parte, la Defensora del Pueblo manifestó que se ha identificado que los laboratorios han reducido el despacho de medicamentos y exigen pagos anticipados, rompiendo -según dijo- con las prácticas habituales de pago a 30, 60 o 90 días.

Señaló que esta situación bloquea la cadena de suministro. “Los laboratorios no despachan a los gestores farmacéuticos, y estos, a su vez, no entregan los medicamentos por el canal institucional”, enfatizó.

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Destacó como causas principales de esta problemática del sistema los “atascos” en los flujos de pago del Gobierno hacia las EPS, IPS, gestores farmacéuticos y laboratorios; además a la falta de claridad en las cuentas y datos financieros y la opacidad en el manejo de los recursos.

Indicó que también persisten deficiencias en el enfoque territorial y en la capacidad de dispensación, especialmente en regiones donde la dependencia de pocos gestores farmacéuticos ha provocado -según afirmó- la interrupción del servicio.

La Defensoría del Pueblo emitió varias recomendaciones para superar los problemas actualmente del sistema de salud y el acceso a medicamentos.

Señaló que se deben generar rutas de respuesta rápida que superen los trámites burocráticos y crear un mecanismo de compensación de medicamentos, a través del Ministerio de Salud, que permita a las personas recobrar los gastos realizados con recursos propios cuando los medicamentos no estuvieron disponibles en el canal institucional.

Por otra parte, manifestó que se debe avanzar en una reforma estructural al sistema de salud, dado que muchos de los problemas identificados no son coyunturales, sino estructurales.

“La Defensoría del Pueblo ha observado una regresividad en la garantía del derecho a la salud en Colombia, particularmente en lo relacionado con el acceso a medicamentos y estas recomendaciones buscan que se pueda mejorar esta situación, superar los obstáculos que existen y garantizar el acceso a los medicamentos, especialmente las personas más vulnerables en los territorios que también son más vulnerables”, finalizó la Defensora Iris Marín.